La Justicia de Reconquista autorizó a Vicentin S.A.I.C. a celebrar un contrato de financiamiento por hasta u$s50 millones con Bunge Argentina, en una operación destinada a reforzar la liquidez de la agroexportadora y sostener su actividad productiva.

La resolución fue dictada por el juez Fabián Lorenzini y habilita una línea de crédito rotativa con vencimiento el 31 de diciembre de 2031, a una tasa de SOFR Overnight más 2,50% anual. La autorización llegó pese a la oposición planteada por el Comité Definitivo de Acreedores, encabezado por el Banco Nación.

Como garantía, Vicentin podrá constituir una prenda en primer grado sobre el 8,33% de las acciones que posee en Renova S.A., equivalentes a 219.004.270 acciones. Sin embargo, la resolución establece que Bunge no podrá ejercer los derechos políticos ni cobrar los dividendos correspondientes a esos títulos mientras permanezca vigente la garantía.

De esta manera, Vicentin conservará el derecho de voto y los beneficios económicos asociados a las acciones prendadas. El juzgado fundamentó esta condición en la necesidad de preservar los derechos de la concursada sobre esos activos.

Un crédito para sostener el capital de trabajo

Según el planteo presentado por Vicentin, el financiamiento funcionará como un respaldo de liquidez para afrontar las necesidades propias de la actividad agroindustrial, principalmente la adquisición de granos, materias primas, insumos y servicios logísticos.

La Sindicatura había considerado que el financiamiento podía contribuir al sostenimiento del capital de trabajo, aunque solicitó mecanismos específicos para controlar el uso de los fondos.

Por ese motivo, el juzgado estableció que Vicentin deberá presentar cada tres meses una rendición de cuentas documentada, que incluya las solicitudes de desembolso, transferencias bancarias, pagos de comisiones e intereses y documentación que permita acreditar el destino de los recursos.

La oposición del Comité de Acreedores

El Comité Definitivo de Acreedores había planteado objeciones al financiamiento. Entre sus argumentos señaló que los fondos no tenían un destino suficientemente específico, que la operación contemplaba comisiones incluso en caso de no utilización del crédito y que la garantía comprometía un activo considerado estratégico dentro del patrimonio de Vicentin.

Entre las condiciones cuestionadas figuraban una comisión de otorgamiento y otra vinculada a la falta de utilización de la línea, además de impuestos asociados a la operación.

Finalmente, Lorenzini autorizó el crédito, pero incorporó controles sobre los desembolsos y restricciones sobre los derechos vinculados a las acciones de Renova.

Una nueva etapa para Vicentin

El financiamiento se produce luego del proceso de cramdown que derivó en el cambio de control de Vicentin y en la puesta en marcha de un nuevo esquema operativo encabezado por el grupo Grassi, con vínculos comerciales con Bunge y Cargill.

La compañía viene avanzando en la ejecución del acuerdo de salvataje y en la reactivación de su actividad productiva, mientras continúa el proceso de pago a acreedores.

En este contexto, la nueva línea de crédito le permitirá contar con una herramienta adicional para afrontar las necesidades financieras propias del ciclo agroindustrial, aunque bajo seguimiento judicial y con activos de Renova comprometidos como garantía.

También se analizó una asistencia financiera a Friar

La misma resolución abordó el pedido de Vicentin para otorgar una asistencia financiera de $4.270 millones a Friar S.A., con un plazo de un año y una tasa del 39,9% anual.

Sobre este punto, el juzgado determinó que la operación no requiere autorización judicial previa, al considerar que no constituye un acto de administración extraordinaria dentro del concurso.

El tribunal también rechazó intervenir sobre las medidas cautelares que pesan sobre bienes de Friar, debido a que el frigorífico no forma parte del proceso concursal de Vicentin.

La resolución deja así a Vicentin con una nueva fuente de financiamiento para su operación, mientras la Justicia mantiene mecanismos de seguimiento sobre el uso del crédito y los acreedores continúan participando del control del proceso concursal.