El gobernador Maximiliano Pullaro defendió el paquete de leyes de seguridad enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura y aseguró que Santa Fe necesita nuevas herramientas para profundizar la lucha contra el delito. Lo hizo este miércoles, durante el ascenso de 300 agentes penitenciarios en la ciudad capital, donde destacó la reducción de homicidios que atribuye a su gestión y advirtió que las organizaciones criminales continúan activas.

“Nosotros necesitamos más herramientas”, afirmó el mandatario, quien anticipó que el Ejecutivo enviará nuevas iniciativas para ampliar las capacidades de intervención del Estado. Frente a los cuestionamientos sobre una posible inconstitucionalidad de las propuestas, sostuvo: “Yo no voy a mandar ninguna ley que es inconstitucional”.

Para respaldar su planteo, Pullaro comparó las cifras de homicidios de distintos períodos: “Hace tres años a esta altura, teníamos 344 homicidios en la provincia de Santa Fe; hoy tenemos 128”. Sin embargo, remarcó que la disminución de la violencia no significa que las organizaciones criminales hayan desaparecido. “Las organizaciones criminales aún están activas en la provincia de Santa Fe”, señaló, y afirmó que actualmente se encuentran contenidas por la acción estatal.

El gobernador también defendió la construcción de nuevas unidades penitenciarias, especialmente las destinadas a presos de alto perfil. Recordó que, antes de su llegada al Ejecutivo, algunos detenidos podían impartir órdenes desde las cárceles para cometer homicidios, extorsiones y robos.

En ese contexto, destacó el trabajo del personal policial y penitenciario, al que atribuyó un papel central en la recuperación del orden y la seguridad en la provincia.

Qué cambios propone el paquete de seguridad

Entre las iniciativas en discusión se encuentran nuevas facultades para realizar allanamientos sin orden judicial en circunstancias específicas vinculadas con la tenencia comprobada de armas u otros materiales controlados en la vía pública, cuando existan indicios de que la persona guarda más elementos en su domicilio.

El paquete también contempla la posibilidad de que la Policía interrogue a sospechosos y que los fiscales entrevisten a personas vinculadas con una investigación antes de una imputación. Además, propone juicios en ausencia para imputados que se fuguen o no comparezcan pese a estar notificados, decretos penales para determinados casos con penas leves y pruebas contundentes, y zonas de intervención policial especial ante aumentos sostenidos de la criminalidad.

Otras medidas incluyen derribos de búnkeres por orden fiscal en circunstancias excepcionales, una ampliación de las facultades de inteligencia y cambios en el programa de recompensas.

El debate sobre las garantías y la Justicia

Durante su exposición, Pullaro rechazó los cuestionamientos constitucionales y criticó a sectores de la abogacía penal que objetan algunas de las medidas. También cuestionó determinadas decisiones judiciales y utilizó la expresión “garantismo bobo”, aunque aclaró que su planteo no implica dejar de respetar las garantías constitucionales.

“Por supuesto que se respeten todas las garantías constitucionales, pero primero y ante todo que se aplique la ley”, afirmó. Como antecedente, recordó los habeas corpus que perdió cuando era ministro de Seguridad al intentar limitar el ingreso de alimentos a las cárceles.