Cinco días para cumplir con la ley
La Justicia Federal intimó al Gobierno nacional a avanzar en el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y estableció un plazo de cinco días para implementar las medidas previstas. La resolución fue dictada por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11.
El plazo comenzó a correr el miércoles 23 de septiembre y, según explicó Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), vence el 30 de septiembre. En caso de incumplimiento, la resolución contempla la posibilidad de aplicar multas económicas, que deberán ser determinadas por el juzgado.
La medida alcanza particularmente a los artículos de la normativa vinculados con la actualización de los salarios de docentes y no docentes y de las becas estudiantiles.
Salarios universitarios: qué porcentaje falta recomponer
Según la interpretación planteada por el sistema universitario, todavía existe una diferencia entre la evolución de la inflación contemplada por la ley y los incrementos salariales otorgados.
Bartolacci señaló que resta recomponer alrededor de un 34% en los salarios universitarios para alcanzar la actualización que, según esa interpretación, establece la normativa.
La cifra se vincula con la medida cautelar que obliga al Estado a cumplir con la actualización salarial prevista en la ley. En junio, un análisis de Chequeado había calculado que, tomando como referencia los aumentos acordados hasta entonces, se requería una recomposición adicional del 29% para alcanzar el nivel establecido por la normativa, equivalente a un incremento acumulado del 56% respecto de mayo de 2026.
La diferencia entre ambos porcentajes responde al momento de cálculo y a la evolución posterior de los acuerdos salariales, por lo que el 34% mencionado actualmente por Bartolacci corresponde a la estimación expresada por el sistema universitario en septiembre de 2026.
Becas Progresar: el otro punto de la resolución
La actualización de las becas estudiantiles constituye el segundo eje de la intimación judicial.
Bartolacci puso como ejemplo las Becas Progresar, que alcanzan a alrededor de 400.000 estudiantes en todo el país. Según explicó, el monto permanece en $35.000 mensuales desde septiembre de 2024.
La Ley de Financiamiento Universitario establece que las becas deben actualizarse de acuerdo con la inflación correspondiente al período determinado por la normativa. Un análisis publicado tras el fallo de la Corte Suprema había estimado que, para Progresar, el cumplimiento de esa actualización implicaba llevar el monto desde $35.000 hasta aproximadamente $68.200, tomando la inflación acumulada hasta octubre de 2025.
Qué dijo Bartolacci y qué viene ahora
El rector de la UNR calificó la resolución judicial como una “excelente noticia” y sostuvo que las universidades esperan que el Gobierno avance con su cumplimiento. Al mismo tiempo, señaló que la discusión no se limita a recomponer lo acumulado, sino que también requiere definir el financiamiento del sistema hacia adelante.
En ese escenario aparece el Presupuesto 2027, cuya discusión en el Congreso será otro de los puntos centrales para las universidades. Según Bartolacci, mientras la ley de financiamiento permite abordar la desactualización acumulada, el presupuesto del próximo año debería establecer los recursos necesarios para darle previsibilidad al funcionamiento universitario.
La resolución judicial tampoco modificó, por ahora, el cronograma de movilizaciones del sistema universitario. La quinta marcha federal universitaria está prevista para el 15 de octubre, aunque su continuidad quedará vinculada a las respuestas del Gobierno y al avance del cumplimiento de la resolución.
Así, el vencimiento del 30 de septiembre abre una nueva instancia en la disputa por el financiamiento universitario, con dos cuestiones concretas sobre la mesa: la actualización de salarios y la recomposición de las becas estudiantiles.